Estados Unidos Blande el garrote contra Colombia

Aunque desde hace tiempo se viene adelantando una campaña difamatoria, la descertificación causó cierta sorpresa. Carlos Lleras, embajador en Washington, consideró insólito que en el año en que el país ha presentado el mejor desempeño, Estados Unidos haya decidido colocarlo en el nivel más bajo. Por ejemplo, fueron capturados los principales sindicados de ser miembros de la cúpula del Cartel de Cali. Se erradicaron, mediante aspersión aérea de venenos como el glifosato, 24 mil hectáreas de cultivos ilícitos, cifra que supera las 20 mil exigidas por Norteamérica para 1995, y se aprobaron y pusieron en marcha disposiciones contra el lavado de dólares.

Lo anterior le costó a nuestra paupérrima nación la enorme suma de 984 millones de dólares, cerca de un billón de pesos, más del doble del gasto público total en educación superior durante 1995. Todo para reducirles a los gringos su adicción a la cocaína.

En diversas ocasiones los mismos funcionarios del Norte elogiaron los triunfos de la política antidrogas del gobierno de Colombia. Tanto los sacrificios como los logros fueron superiores a las metas impuestas. ¿Por qué, entonces, la descertificación?

El Departamento de Estado pretexta: “No se realizaron acciones efectivas para enjuiciar y sentenciar a los líderes del Cartel de Cali. (…) No se aprobó una legislación que incrementara las condenas por narcotráfico. (…) No se logró un acuerdo bilateral con Estados Unidos para combatir el tráfico en las zonas marítimas. (… )Bajo la ley actual las propiedades sólo son confiscadas si el individuo es condenado por un crimen. (…) La corrupción permanece impune pese al esfuerzo de algunos dedicados colombianos por erradicarla. (…) Los esfuerzos anticorrupción del fiscal fueron atacados por miembros de la administración Samper, que públicamente criticaron su esfuerzo por hacer cumplir las leyes y trataron de ponerle un límite a su período como fiscal”. Junto con el aplauso al general Serrano, director de la Policía, aparece también la acusación contra el Congreso por discutir la necesidad de mantener algunas garantías procesales. En pocas palabras, toda nuestra legislación e instituciones son puestas en entredicho. Reclaman juicios sumarios, confiscar los bienes a quien no se le ha demostrado culpa y se arrogan el derecho de decidir qué puede discutir el Congreso y de señalar quiénes son los buenos y quienes los malos.

Estas actitudes abusivas de Washington socavan la necesaria cooperación internacional contra el delito en vez de impulsarla. Días antes el ex presidente López pidió que “se establezca de una vez por todas la globalización de la lucha contra el narcotráfico, en bien de la humanidad entera, pero que no se busquen chivos expiatorios para justificar la intervención norteamericana”. Y señaló que Estados Unidos con 40 millones de adictos juzga a Colombia por dos o tres mil narcotraficantes. Samper, quien aceptó desde el comienzo el humillante proceso de certificación y se afanó por satisfacer los apremios del Tío Sam a costa de descuidar las urgencias patrias, tuvo que reconocer que Estados Unidos efectúa una injerencia inaceptable en los asuntos internos de Colombia.

Rechazo unánime El editorial de El Tiempo, del 3 de marzo, manifestó que como contrapeso del poderío norteamericano, “añoramos, quién lo creyera, el fin del imperio comunista”. En la misma fecha El Espectador editorializa censurando con sobrada razón la falta de dignidad mostrada por nuestros gobernantes y culpa del hecho a Gaviria y a Samper, al fiscal, al director de la Policía y a los representantes de los gremios económicos.

Muchas personalidades han expresado su indignación ante la astracanada gringa. El representante Guillermo Gaviria, dijo que “el embajador Frechette le ha hecho mucho daño a nuestro país”. El parlamentario Alfonso Angarita señaló: “Este hecho nos debe convocar a una gran reconciliación nacional no sólo para defender la soberanía, y legítimos derechos, sino para impulsar el progreso y desarrollo del país”. Darío Martínez, representante liberal, consideró que se trata de una nueva versión del dominio capitalista sobre los países pobres. Luis Fernando Jaramillo, presidente de la Dirección Nacional Liberal, anotó: “Colombia no se inventó el narcotráfico y mucho menos e culpable de que esa sociedad se haya convertido en una nación de narcoadictos”.

Las centrales obreras se pronunciaron airadamente. Yezid García, secretario general adjunto de la CGTD, manifestó que ninguna nación de América Latina “debe ser sometida a un examen por un profesor que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de ese tema ni sobre ningún otro que tenga que ver con las libertades públicas”. El Partido Comunista expidió una declaración en la que denuncia que el régimen yanqui se tomó la atribución de pisotear a los pueblos.

Sólo un grupito de desvergonzados partidarios del tutelaje foráneo justificó el atropello. El más abyecto, el señor Valdivieso, excitado por la zalamería gringa, abandonó por un momento su carácter taimado para decir que antes de él nadie había hecho nada contra el narcotráfico.

Quienes alborotan presentando a los yanquis como defensores de la moral y como un poder intocable ante el cual lo mejor es poner la otra mejilla, y claman porque no se yerga el patriotismo ante los ultrajes que cotidianamente recibe Colombia, acolitan la confabulación colonialista en marcha. ¿En verdad la descertificación se debe a la corruptela? ¿Acaso si el gobierno no fuera corrupto, los Estados Unidos dejarían de inmiscuirse en nuestros asuntos? Al respecto vale la pena recordar que la actitud intervencionista de éstos no es nueva, está ligada a sus intereses de potencia imperialista. Pero los drásticos cambios ocurridos en la situación mundial a finales de los ochenta determinan que sea mucho más arrogante y que sus apetitos lo lleven a devorar un botín cada vez mayor, menguando incluso la ración que correspondía a sus antiguos aliados, las oligarquías latinoamericanas. Ahora busca de manera abierta la disolución de las demás naciones.

Negar a los demás la soberanía El 17 de marzo, El Espectador recuerda que “los empresarios del poder metropolitano pregonan a todos los vientos la desaparición de las soberanías nacionales y pretenden encajonar dentro de la teoría de la aldea universal la desaparición de fronteras patrias en beneficio de la imposición de su gran poder universal”. Que la afirmación del editorialista del diario capitalino es certera lo comprueba el ataque que hace Estados Unidos a todos los elementos constitutivos de nuestros países. Frechette llegó hasta sermonear en la Escuela Superior de Guerra sobre la obsolescencia de la soberanía.

De años atrás las políticas arteramente llamadas de libre comercio vienen demoliendo el primer fundamento de la nación, el mercado interior. Cada día un mayor número de empresarios ve cómo sus negocios sucumben ante la acometida de las poderosas multinacionales. Con razón Fabio Echeverri sostiene que la apertura le ha hecho más daño a la economía que la crisis política. Los que buscan crear el pánico con la afirmación de que la follisca alrededor del ingreso de dineros calientes en las campañas políticas va a ahuyentar la inversión extranjera, saben que ésta crece cada día y que los augurios de catástrofe son aprovechados por los pulpos foráneos para comprar más baratos nuestros activos. El embajador norteamericano, a la vez que amenaza con pegar con el garrote más duro y da órdenes terminantes a los gremios, no puede disimular la gula que a sus representados les producen nuestras riquezas. A La República le dijo: Colombia “es muy importante por tener enormes ventajas: su posición geográfica, la posibilidad de instalarse compañías para surtir a toda la región andina, mano de obra muy calificada, hombres de negocios reconocidos en la región como los mejores. Es decir, ustedes tienen un futuro brillante; quisiéramos trabajar conjuntamente para desarrollarlo”. Además fue enfático en el interés por los bosques y el petróleo, renglón en el cual reclama todavía mayores prerrogativas para los monopolios. La amenaza, pues, no proviene del supuesto éxodo del capital extranjero, sino de su ánimo de despojarnos de lo nuestro.

La propia integridad territorial está en peligro. Los elogios de Frechette a nuestra ubicación geográfica confirman las denuncias que se han venido haciendo acerca de que los Estados Unidos se proponen separar a la ubérrima región de Urabá para armar allí una republiqueta que les permita construir y manejar un nuevo canal interoceánico y hacer suyo el Tapón del Darién. En esa región varios consorcios norteamericanos controlan ya un alto porcentaje de la producción bananera.

Los ataques a los partidos, a la denominada clase política y al Congreso tienen idénticos móviles. Frechette dijo hace unas semanas a Portafolio: “La Comisión de Acusaciones no tiene credibilidad alguna en el exterior, ni en Europa ni en Estados Unidos y aquí tampoco. El rating más bajo lo tiene la clase política”. Tales declaraciones llevaron al Parlamento colombiano a pedir la salida del embajador imperial.

Ellos, que apalean a diario en su territorio a negros y a latinos, con el pretexto de la defensa de los derechos humanos atacan a los ejércitos latinoamericanos y les imponen la merma de sus efectivos. Sobre este punto el general Manuel Bonett comentó a Cambio 16: “Deberían reducir primero el suyo, que cada día es mayor. Quizá los Estados Unidos buscan reducir nuestras fuerzas militares para intervenir con más libertad en nuestros territorios”.

Como si fueran la personificación de las virtudes, califican a los demás en materia de derechos humanos, de leyes y códigos, de lucha contra el narcotráfico, de protección del medio ambiente, de seguridad aérea.

Crear una situación caótica, azuzar a unos contra otros, alebrestar a toda clase de arribistas y, principalmente, someter a un profundo desprestigio interno y externo a todo aquello que pueda contribuir al mantenimiento de la unidad nacional, tal es la táctica con la cual los filibusteros yanquis preparan el despresamiento de Colombia.

Los pronunciamientos de distintos personajes de la vida nacional arriba citados, la mayoría de ellos a salvo de cualquier acusación de sentimientos antinorteamericanos, y la indignación popular, corroboran la imperiosa necesidad de poner dique a la altanería de la superpotencia. Tarea que sólo puede ser fruto del esfuerzo conjunto de todos los patriotas.

^[*] Publicado en Tribuna RojaNº 65, abril 23 de 1966.